Ya llevamos un par de semanas de aplicación del decreto de certificación energética de edificios existentes. Demasiado pronto o demasiado tarde para sacar conclusiones sobre la efectividad del decreto o sobre el procedimiento, aunque particularmente satisfecho por haber podido realizar ya algunas calificaciones tramitadas en la administración.
Sobre el decreto, pues sigo confiando en que todo esto algún día sirva de verdad para concienciar a los usuarios sobre el estado de ruina energética de gran parte del parque de viviendas y la necesidad de rehabilitarlo, ya no sólo por el objetivo global y algo teórico de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, sino por el simple sentido común de que una buena calificación implica la reducción de los consumos y las facturas de la compañías, así como de los plazos de amortización en algunos casos muy rápida en las inversiones en la mejora del comportamiento térmico en general.
Aún así, las calificaciones de las viviendas anteriores a la primera normativa térmica del 79, como era de esperar, no son demasiado buenas. Un desastre, vaya, pero con matices: es extraño ver una vivienda de los años 60 "de origen", es decir, que no se haya cambiado el calentador o las ventanas por aluminio, e incluso en varias que no se haya incorporado calefacción, así que, moviéndonos en la zona baja de las etiquetas energéticas, siempre hay consideraciones y no es lo mismo una G de ruina galopante a una casi F, o incluso F medias tirando a E. En estos casos, es donde nos será especialmente sencillo recomendar medidas de mejora coherentes y sin demasiada inversión para mejorar nota, consumos y reducir emisiones. En ello estamos.
Pero sobre el procedimiento, por lo que voy leyendo por las redes y lo que voy investigando, muy decepcionado por el simple hecho que los programas de certificación permiten hacer mal el trabajo, así de claro. Se permite certificar por defecto tanto la envolvente como las instalaciones, así que, con la superficie de la vivienda y los cerramientos, se permite calificar sin tener en cuenta los matices que comentaba antes y, por tanto, se puede reducir al máximo la toma de datos y su entrada en el procedimiento, o sea, que se da pie a realizar el trabajo en un mínimo tiempo que justifique poder hacer certificaciones a 80 o 100 euros, incluso menos en los grandes "paquetes" de viviendas de entidades bancarias o las grandes plataformas de certificación que han inundado internet. Pocos escrúpulos, pero legales. No importa que en el gran conjunto de viviendas anteriores al 79 se consideren de la misma manera paredes exteriores simples o con cámara de aire, en algunos casos hasta con las primeras láminas de pórex, es igual, las vamos a tratar todas como casas de mampostería, total, por cuatro duros no vamos a hilar tan fino no? Lo que más me ha llamado la atención es un caso, que considero incluso alarmante, y que he vivido personalmente y corroborado después en las redes, argumentando a una inmobiliaria la necesidad de hacer bien la certificación: se encarga, se pasa un correo electrónico y al día siguiente está la calificación en trámite de etiqueta, por sólo 120 euros y sin ir a ver siquiera la vivienda. Entonces yo me preguntaría: ¿no es esto más caro que hacer una buena toma de datos y entretenerse con el programa lo que haga falta para ver realmente cómo está el edificio y que mejoras realistas se pueden proponer para hacerlas creíbles? Francamente, creo que sí, pero el problema es el valor añadido de la rapidez y dejarse de tonterías: lo que quereis es un papel, no?, pues sí, la verdad...
Queda todavía mucho trabajo por delante, sobretodo para los que queremos dedicarnos a hacer bien la tarea y a un precio digno.
Saludos!
