Un indicador muy representativo es la pérdida de bienestar en los hogares. El 30% llega mal a fin de mes y reduce por debajo de lo soportable su gasto en calefacción o en consumo de carne, por ejemplo. El 41% expresa su incapacidad para hacer frente a gastos imprevistos. Y —lo que es mucho peor— el 3,3% no recibe ingreso alguno, ni del trabajo, ni de prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social. Es un 34% más que al comienzo de la crisis. A finales de 2011 este problema afectaba a 580.000 hogares.
Caso 1: INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR. Con la oposición, como casi siempre, de los pisos inferiores, se aprueba el estudio de viabilidad de instalar un ascensor, condicionado a la obtención de subvenciones para ayudar a costear en una proporción importante. Una empresa dedicada a este tipo de trabajos, ofrece la posibilidad de realizar la obra y cobrar de los vecinos directamente sólo la parte no subvencionada y cobrar de la Administración la subvención. Estando en plenos trámites para concretar derramas, proyectos, licencias, etc., la empresa comunica que no hay subvenciones a la vista y, por tanto, la comunidad renuncia a la obra por no puede hacer frente a la totalidad del presupuesto.
Caso 2: REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y FACHADAS. Comunidad de bajo nivel adquisitivo que se encuentran con un forjado de cubierta en colapso y humedades en todo el edificio, inspección con los técnicos municipales y bomberos, encargo al más bajo coste posible del proyecto y la obra, derramas con el máximo esfuerzo entre los vecinos, que tienen que desalojar el edificio y, finalmente, obra prácticamente acabada. Particularidad: uno de los vecinos es una entidad bancaria que tiene ejecutado una vivienda vacía y que no paga ni las derramas ni la comunidad hace meses. Consecuencia: el contratista en trámites legales para reclamar judicialmente, junto los vecinos, las cantidades correspondientes al piso en cuestión.
Caso 3: REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESTRUCTURA. Comunidad de nivel adquisitivo variado con el edificio apuntalado desde hace años, orden de ejecución de las obras que garanticen la seguridad estructural desde hace 2 años, proyecto realizado, presupuesto elevadísimo (edificio con aluminosis galopante, paredes de carga en colapso) y vecinos con pensiones mínimas o sin trabajo que imposibilitan el acuerdo, nadie quiere ejecutar vía judicial las cantidades que corresponden a esas viviendas, técnicos que han renunciado a la obra para no sentirse responsables del posible colapso del edificio y, mientras tanto, a esquivar puntales para ir a la cama o poder cocinar.
Son situaciones absolutamente reales de temas que tengo pendientes y parece que, con la que está cayendo, todavía van a demorarse bastante más. No hay créditos, no hay dinero. Las derramas hay que costearlas con la capacidad de las personas de afrontar un imprevisto y todo indica que la cosa va a peor. Las ITEs que empiezan a redactarse y las que faltan todavía para la primera tanda, hasta diciembre de 2012, rebelan que una parte importante de los edificios inspeccionados tienen problemas graves, pero con la capacidad de la gente para afrontar imprevistos, creo que habrá que ir preparando mallas y puntales para los próximos...meses? años?
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