EL ECONOMISTA.ES
Siempre se han conocido como aparejadores, y para convertirse en tales estudiaban Arquitectura Técnica. Ahora el grado en el que deben titularse se llama Ingeniería de la Edificación. Los 'otros' ingenieros colegiados no están de acuerdo, y desde la asociación que los agrupa han denunciado a las 34 universidades que imparten el polémico título. Una sentencia del Tribunal Supremo les da la razón.
La cosa viene de lejos, con una sentencia del Tribunal Supremo del 9 de marzo de 2010, consecuencia de un recurso contencioso-administrativo promovido por el Consejo General de Colegios Oficiales/ Federación de Asociación de Ingenieros Industriales, que falló anulando la denominación de Graduado en Ingeniería de la Edificación de los planes de estudios conducentes a títulos habilitantes para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto Técnico, lo que siempre se ha conocido como aparejador.
Los ingenieros colegiados habían llegado al Supremo tras expresar sus quejas porque se llamase ingenieros -de la edificación, en este caso- a profesionales que, según ellos, no lo eran. Con la sentencia pareció que sus reivindicaciones eran atendidas, más cuando en su Fundamento de Derecho Quinto (página 7 de la Sentencia) se expresaba literalmente: "... la posibilidad de que el título de Arquitecto Técnico pueda denominarse como Graduado en Ingeniería de la Edificación a los hasta ahora Arquitectos Técnicos induce a una palmaria y evidente confusión con las ya existentes, autorizadas y reconocidas a favor de los Ingenieros, dado que un Arquitecto Técnico no es un Ingeniero...".
El siguiente paso de los ingenieros colegiados que habían denunciado fue informar a las autoridades educativas, haciéndoles saber que tan alta instancia judicial les había dado la razón. Y en mayo del pasado año enviaron un escrito al ministro de Educación trasladándole la sentencia y solicitándole que procediera a la inmediata anulación de los posibles títulos con dicha denominación existentes en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), comunicara dicha sentencia a ANECA y al Consejo de Universidades -al objeto de evitar que continuaran informándose favorablemente títulos o planes de estudios que incluyeran dicha denominación en más centros académicos-, y ordenara a las universidades la supresión de dichas enseñanzas. Un mes más tarde Educación contestó, diciendo que la sentencia no afectaba a los títulos ya verificados, "ni por tanto a sus denominaciones ni a ningún otro aspecto ya contemplado en la resolución de verificación, por lo que, en tanto no haya otro nuevo pronunciamiento, los correspondientes planes de estudio han de seguir considerándose a todos los efectos plenamente oficiales y habilitantes para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto Técnico". En la práctica, esto hizo que las universidades siguieran impartiendo el título de Ingeniería de la Edificación.
34 UNIVERSIDADES DENUNCIADAS
La paciencia de los ingenieros colegiados tocó techo, y lo siguiente que hicieron fue denunciar de nuevo ante el Supremo. Pero esta vez no de manera general. Cursaron 34 denuncias, una por cada universidad en la que se imparte el grado en Ingeniería de la Edificación. Y el pasado mes de febrero llegó la primera sentencia, fallando la anulación de la inscripción en el RUCT del título de Graduado en Ingeniería de la Edificación de la Universidad Antonio de Nebrija. A la espera queda qué pasará con las otras 33 universidades en las que se imparte este grado: Católica de San Antonio, Europea de Madrid, IE, Politécnica de Cartagena, Ramón Llull, Europea Miguel de Cervantes, Pompeu Fabra, Cardenal Herrera-Ceu, Alcalá, Girona, Lleida, La Laguna, Politécnica de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Camilo José Cela, Salamanca, Politécnica de Valencia, Navarra, Alfonso X El Sabio, Politécnica de Catalunya, Illes Balears, Jaume I, da Coruña, Sevilla, Granada, Pontificia de Salamanca, D´Alacant, del País Vasco, San Pablo-Ceu, Burgos, Zaragoza, y Rovira i Virgilli.
Para Luis Manuel Tomás Balibrea, presidente de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España, "comprendemos la inquietud de los estudiantes que se matricularon en una titulación y que ahora se encuentran cursando un título inexistente. Los intentos de algunas universidades por intentar tranquilizar a sus estudiantes, con declaraciones tales como que su título es legal porque recibió una evaluación favorable de ANECA, a lo único que conducen es a generar una mayor inquietud. ¿O es que acaso la Universidad Antonio de Nebrija no tenía también su plan de estudios positivamente evaluado por ANECA?". Para Balibrea, está claro que la titulación de Ingeniería de la Edificación ha pasado a la historia. "La sentencia en contra de la titulación que se imparte en la Antonio de Nebrija es la primera que ha fallado el Supremo a nuestro favor, pero Educación sabe que esto no tiene vuelta atrás; es consciente de que a la Nebrija le seguirán todas las demás".
Balibrea critica la actitud del Ministerio afectado, "que esgrime ahora que la denominación de los títulos universitarios no es de su responsabilidad, argumentando que son las universidades las responsables de decidirlas", y añade su queja porque al diseñar nuevos títulos universitarios no se cuente con la opinión de los colegios profesionales implicados. "Sólo se nos ha reservado la posibilidad de expresar nuestras discrepancias recurriendo a los Tribunales de Justicia cuando los títulos ya están aprobados, y en la gran mayoría de los casos hasta en impartición".
De la otra parte, las universidades implicadas hicieron una declaración conjunta en la que tras expresar su "total sorpresa y rechazo" por la sentencia del Supremo, hacían notar "que el espíritu de la sentencia supone una amenaza cierta para la implantación en España de la práctica totalidad de las titulaciones de Grado y para nuestra incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior", un espacio donde al Arquitecto Técnico se le llama Building Engineer, es decir, ingeniero de la edificación en su traducción inglesa. La declaración acababa con "la inequívoca decisión de seguir optando por la denominación que en su día se consideró como la más idónea para el nuevo título". Tras la declaración, el Ministerio de Educación envió una carta a los rectores de las 34 universidades para tratar de calmar los ánimos, explicando que la actuación de las universidades a la hora de ofertar estas enseñanzas "ha sido en todo momento legítima y dentro de la legalidad". Javier Uceda es el rector de una de las universidades implicadas, la Politécnica de Madrid. Señala que "algunos entendemos que hay cierta confusión en la opinión pública en el sentido de que se equiparan los nuevos títulos de grado con los del antiguo catálogo. Pero los títulos de Ingeniería de la Edificación son todos de 240 créditos (4 años), mientras que antes para ejercer la profesión de arquitecto técnico el Gobierno estableció que eran necesarios 180 créditos (3 años). En consecuencia, el título de Ingeniería de la Edificación es en parte el de Arquitectura Técnica, pero ampliado. Son titulaciones comunes, pero también diferentes".
Por último, la primera universidad afectada, la Antonio de Nebrija, deja clara su postura. "La sentencia fundamenta la anulación del título exclusivamente en lo concerniente a la denominación de Ingeniero de la Edificación, sin que quepa por tanto cuestionar otros aspectos tales como los relativos al plan de estudios conducente a la obtención de dicho título, a la validez de los estudios cursados ni a la habilitación de los mismos para el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico. Por tanto, todos los estudiantes que han cursado o están cursando dichas enseñanzas ya sea en la Universidad Antonio de Nebrija o en cualquier otra universidad española estarán habilitados, a la finalización de las mismas, para acceder al ejercicio de la profesión de arquitecto técnico previa cumplimentación de los trámites habituales (solicitud del título, inscripción en el correspondiente colegio profesional, etc.)". La Nebrija también ha puesto en marcha su maquinaria legal solicitando ante el Supremo una suspensión cautelar de la sentencia que le obliga a borrar de un plumazo el nombre de grado en Ingeniería de la Edificación de su oferta académica. Manifiestan que acatarán la sentencia ya pronunciada cuando sea firme, aunque han decidido presentar ante el Supremo un incidente de nulidad "por indefensión, es decir una solicitud de nulidad de la sentencia por defecto grave en el procedimiento, al no haber sido emplazada nuestra universidad en este procedimiento y estar obviamente directamente afectada".
Mientras parece que esta peculiar guerra seguirá dirimiéndose en los tribunales, miles de alumnos de todas las escuelas de Ingeniería de la Edificación que existen en España no saben en realidad cuál será el título que obtengan al finalizar sus estudios. Para Javier Uceda, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, "el debate es esencialmente nominal, no tanto por las competencias profesionales para las que habilitan estos estudios. Debería encontrarse una denominación compatible, una solución rápida y razonable con todas las partes implicadas".
Iñaki Pérez, vocal del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, también manifiesta su desacuerdo con este embrollo jurídico. "Los graduados en Ingeniería de Edificación están habilitados para ejercer la Arquitectura Técnica, del mismo modo que hay graduados en Derecho que ejercen de abogados y no hay un título de Grado en Abogacía. La Arquitectura Técnica es, a su vez, una profesión regulada, lo que quiere decir que por Ley hay funciones especialmente relevantes que sólo podemos hacer nosotros, porque estamos especialmente formados para ello. Algunos colectivos de ingenieros han sido muy beligerantes contra el título de Ingeniería de Edificación desde el primer momento, ignorando que en el Espacio Europeo de Educación Superior los títulos universitarios ya no conducen directamente al ejercicio de las profesiones sino que se abre la posibilidad de que muchos títulos conduzcan al ejercicio de una profesión. En cualquier caso, es un debate distinto y lamentamos la judicialización innecesaria de todo el sistema de títulos universitarios".
